Editorial

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Chihuahua, Chih..- 
El Derecho a la Propia Imagen

Por: Rodrigo Ramírez Tarango

Desde hace algunas semanas quedó prohibido exhibir en medios masivos de información el rostro completo de victimarios y víctimas del delito. Esto provocó que de nuevo se ponga en la mesa de la discusión el derecho a la propia imagen.

Es parte el debate en el que se deben ponderar pros y contras de lo que es público y lo que es privado de una persona, de frente a las nuevas tecnologías que posibilitan la captura de imágenes en movimiento o fijas en todo lugar y momento.

Sobre esto es necesario considerar que detrás de cada imagen se relacionan tres actores: su autor (quien capta la imagen), el público al cual éste se dirige (que ve el medio de información) y la persona representada (a quien se le toma la foto o el video).

En esta visión prevalecen varios derechos para estos tres actores, aunque lo ejerciten de distinta manera: tanto el autor como el público gozan de un mismo derecho –un derecho a la imagen ajena, que se sustenta en el derecho a la información–, derecho que puede entrar en colisión con el derecho a la propia imagen de la persona representada.

La publicación de la imagen de una persona puede afectar fundamentalmente la vida privada y en algunos casos la honra, asuntos que desde antes se trataban en la ética.

El conflicto ético provocado por la publicación de la imagen de una persona reside tanto en lo que representa como en lo que no representa.

Hoy no importa cuál sea el carácter del mensaje que se pretenda difundir –informativo, propagandístico, publicitario o puramente artístico–, la imagen humana es cada vez con más fuerza parte integrante de lo que se comunica. Vivimos en una sociedad de imágenes, a las que no obstante damos muy poco status epistemológico.

La paradoja de las sociedades actuales es que nunca antes habían consumido tantas imágenes y que jamás estos procesos habían sido tan poco apreciados por un público.

Enfrentados, entonces, a su importancia y a su abrumador peso en las comunicaciones, se hace urgente un abordaje ético de la cuestión de la imagen personal, por parte de los medios y de sus profesionales.

Cada día con más frecuencia se ven envueltos –y que conste que se hace referencia sólo a sus secciones informativas, para no entrar en el terreno de la publicidad– en complejas situaciones que involucran esta cuestión.

¿Qué hacer, por ejemplo, frente al caso de una persona que reclama porque su fotografía ha sido publicada en vez de la de otra del mismo nombre?

¿Qué decir frente a la demanda de una mujer que hace años prestó su consentimiento para aparecer, con un cigarrillo en la mano, en un reportaje sobre los fumadores, y tiempo después ve nuevamente publicada su foto en un reportaje acerca de la drogadicción?

¿Es razonable la molestia de quien se ve aparecer en un reportaje televisivo acerca de un partido político, en circunstancias que no milita en dicho partido y que su imagen fue grabada sin que lo advirtiera, mientras caminaba por la calle?

¿Es lícito registrar las imágenes de aquel que, en estado de coma y por lo tanto imposibilitado de manifestar cualquier consentimiento, permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital?

¿Y qué hacer con las imágenes que muestran una situación antigua de aquel que ha cambiado, precisamente, esa condición?

Es obvio que en muchos casos la vida privada es violada a través de una imagen. Eso, por sí solo, no permite, sin embargo, hacer depender el derecho a la propia imagen de aquel que se refiere a la vida privada.

La imagen se define por su visibilidad; la vida privada, por la condición contraria, por la invisibilidad. El derecho a la vida privada supone un secreto que se fundamenta en lo representado. En el caso de la imagen, en cambio, más que un secreto hay una reserva, que no dice relación con lo representado, sino con el efigiado; se fundamenta en la persona captada más que en la escena. Análogamente, el nombre también merece protección, y por supuesto no es secreto.

También resulta evidente que la honra de una persona puede ser afectada por medio de la utilización de su imagen. Las imágenes trucadas, las fotos superpuestas o retocadas, la combinación de un texto y una foto que sugieren una contradicción y hasta la utilización no consentida de la propia imagen para fines publicitarios, pueden implicar una clara ofensa a la dignidad, a la reputación.

Cuando mediante la inconsentida publicación de la imagen de una persona se deduzca una ofensa a su honra, en virtud de las condiciones que rodean aquella

difusión, podrá decirse que se han afectado paralelamente dos atributos de la persona: el honor y la propia imagen.

Para aclarar este punto, el italiano Paolo Vercellone describe cuatro situaciones diferentes:

Primera: Que se publique el retrato de una persona sin su consentimiento y sin que constituya una de las excepcionales limitaciones al derecho, pero de modo que el retrato excluya todo perjuicio al honor. En ese caso se trata de una violación al derecho a la propia imagen.

Segunda: Que no haya consentimiento, que el retrato no corresponda a algunas de las excepciones al derecho a la propia imagen y que sí haya un perjuicio al honor. En ese caso habrá un concurso de atentados. Se habrán afectado los derechos a la propia imagen y al honor.

Tercera: Que la publicación se incluya dentro de una de las excepciones, pero que haya perjuicio al honor. En esa situación, habrá violación al derecho al honor pero no a la propia imagen.

Cuarta: Que haya consentimiento o una de las hipótesis de excepción al derecho a la propia imagen y que no haya daño al honor. La publicación, entonces, no tendrá objeciones desde la perspectiva de los dos derechos.

La imagen, en cuanto atributo de la personalidad distinto del honor y de la vida privada, merece ser tratada de manera autónoma. El análisis de las complejas cuestiones que en torno a ella se originan en los medios, supone unas bases distintas de aquellas sobre las cuales se construye el respeto al honor y a la vida privada.



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