Persecución Política vs Magiatrados del TSJE: Jorge Ramírez

Persecución Política vs Magiatrados del TSJE: Jorge Ramírez

Chihuahua, Chih..-  El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Ramírez Alvidrez, dio a conocer a través de un documento el porque hay una persecución Política en su contra y de su compañero Gabriel Sepúlveda.

A continuación el documento presentado:

Es una burda persecución política; desde que se creó el Consejo de la Judicatura (CJ), sus integrantes amagaron con emprender acciones de este tipo y desde entonces han realizado acciones públicas y privadas encaminadas a conseguir su cometido.

La ilegal suspensión de que fui víctima acordada por unanimidad acredita que se trata de una auténtica cacería política; es más, el mismo documento lo confirma.

Primero, porque más que un marco normativo, se sustenta en un endeble entramado convencional interpretado a modo para justificar que sea el propio denunciante el órgano investigador; segundo, porque los supuestos hechos en que se basa, con un mínimo de conocimiento jurídico y aplicando las máximas de la experiencia, se revelarían como insuficientes para adoptar la medida.

En resumen: derivado de un proyecto que permitió al Poder Judicial tener una Bóveda de Almacenamiento Masivo de Datos, se extraen verdades a medias y mentiras completas interpretadas a modo; a saber:

a El proyecto derivó de un fondo federal que creó un fideicomiso, que es el que se encargó de llevar a cabo el proyecto;

b El proyecto fue solicitado, presentado y avalado por el área técnica correspondiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ);

c El proyecto fue autorizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal y fue remitido por personal del TSJ y no por el Centro para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal, del cual el suscrito era el Secretario Ejecutivo;

d El CJ tuvo a la vista los documentos que acreditan lo antes dicho y que prueban: Que se autorizó por parte de la Contraloría del Estado la adquisición de lo que solicitó el TSJ de acuerdo a su proyecto aprobado por el órgano técnico; que existen actas de entrega-recepción del día veintisiete de mayo de 2016, actuando el suscrito, el Administrador Único del proveedor y el Director de Tecnologías de la Información del TSJ; que existe el acta administrativa para el cierre de trabajos pactados en el Contrato de la misma fecha; que el Director de Tecnologías de la Información del TSJ señaló que se había concluido con ÉXITO el proyecto denominado “BOVEDA DE ALMACENAMIENTO MASIVO; y

e De donde se desprende sin deducir o dejar lugar a dudas que el suscrito tuvo por recibido y concluido el proyecto el día 27 de mayo del 2016 y solicitó se hicieran los trámites para concluir y cerrar el proyecto en comento.

Lo anterior, en franco contraste con las conclusiones a las que arriban los miembros del CJ en el sentido del pago de las facturas al proveedor por parte de quien tenía la facultad conferida para ejercer los recursos Y QUE NO ERA EL SUSCRITO.

La persecución queda de manifiesto si se atiende a que, quien preside al CJ se ha autodenominado un DESCONOCEDOR de la ley penal; situación extensiva a los dos miembros designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo; no así a los magistrados nombrados por el Poder Judicial, quienes, dudo, hayan actuado por propia iniciativa al pasar por alto principios elementales del proceso penal y fundamentales para un verdadero conocedor de la ley como son: la presunción de inocencia y la imposibilidad de actuar como juez y parte dentro de un proceso cualquiera.

En suma, con un poco de exhaustividad y buena fe tendrían que haber visto lo obvio: no existe responsabilidad de ninguna índole para el suscrito ni documento alguno que lo vincule con los supuestos hechos denunciados ni menos, para suspenderme en mis funciones; de proceder de manera correcta, apegados a derecho y al sentido común no habría arribado a las conclusiones que hoy denuncio ni al controvertido fallo, carente de razonamiento jurídico alguno, que, en verdad confío, los obligaron a suscribir; de otro modo, no se explica la arbitrariedad ni la injusticia del mismo.

ATENTAMENTE:

MAGISTRADO JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ.



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