Piden diputados resolución de reclamaciones ciudadanas por daño patrimonial causado por administraciones municipales

Piden diputados resolución de reclamaciones ciudadanas por daño patrimonial causado por administraciones municipales

Chihuahua, Chih..-  Los diputados locales hicieron un llamado a la Presidencia Municipal de Juárez, para que a través de la Secretaría del Ayuntamiento admita en trámite y subsane el procedimiento administrativo iniciado por daño patrimonial con motivo de alguna irregularidad del gobierno municipal.

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la cual obliga a resarcir el daño patrimonial causado por irregularidades municipales.

En el dictamen se señala que se hizo del conocimiento de los integrantes de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales que hay dos casos pendientes en donde ciudadanos interpusieron queja por daños patrimoniales causados por el Ayuntamiento, en este caso de Ciudad Juárez, y que ni siquiera han admitido el proceso a pesar de que han transcurrido dos años de los sucesos.

Es por lo anterior, que aunado a la petición para que sea aceptado de los procesos, se pide que éstos sean resueltos a la brevedad posible y se emita el resolutivo con la debida fundamentación, motivada y sustentada, en los asuntos en trámite, derivado de las reclamaciones que se realicen al respecto.

Para culminar, el diputado Miguel La Torre, expositor del Dictamen emanado de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que la Ley de Responsabilidad Patrimonial, fija las bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o de sus Municipios.

En ella se señala que la actividad administrativa irregular, es aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares quienes no tienen la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.



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